Un juez de lo Mercantil de Oviedo ha adjudicado a una empresa catalana el derribo y achatarramiento de casi todas las instalaciones de la mítica mina La Camocha, tarea que deberá efectuarse en un plazo máximo de seis meses. Inversiones Asociadas Generales S.A., la adjudicataria, pagará por ello la bonita cantidad de 555.555 Euros. El castillete del pozo nº 2 se encuentra entre los bienes afectados, sin que por el momento nada ni nadie puedan impedir su demolición. El lavadero del pozo nº 3 es también otro de los edificios condenado al derribo.
Diversas asociaciones vecinales de Vega, sindicatos y el Colectivo en Defensa del Patrimonio se han opuesto al mismo, solicitando al Ayuntamiento de Gijón la paralización de las obras hasta que se haya realizado un estudio sobre el patrimonio histórico de la mina. Castillete y lavadero no se encuentran protegidos por el Catálogo Urbanístico Municipal.
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¿Es realmente tan urgente derribarlos? ¿Tanto molestan? ¿O es que existen otros intereses en esta operación? La chatarra se ha convertido, al parecer, en un dulce pastel en el que muchos desean meter la cuchara. Y las maniobras urbanísticas, más aún.
Ojala se logre detener esta nueva barbaridad; un desatino más a añadir a la ya interminable lista de despropósitos cometidos sobre nuestro patrimonio minero. La previsible excusa de que se trata de un castillete “muy moderno” no me vale, porque determinados elementos no pueden tratarse de modo individual, sino como integrantes de un amplio conjunto histórico e industrial, como el que supuso la mina La Camocha.
¿Para estos asuntos no hay “indignados”? Pues… aquí tiene a uno que lo está, y mucho.
J.M. Sanchis
